Santa Cruz inicia la tramitación de la Zona de Bajas Emisiones con aplicación progresiva hasta 2029
El actual borrador de ordenanza representa un nuevo intento de desbloquear un proyecto que acumula años de retrasos, ajustes normativos y controversia, en un proceso que refleja las dificultades de aplicar políticas de movilidad sostenible en contextos urbanos complejos y con fuerte dependencia del vehículo privado.
Santa Cruz inicia la tramitación de la Zona de Bajas Emisiones con aplicación progresiva hasta 2029
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dará un nuevo paso en su estrategia de movilidad sostenible con la aprobación inicial del borrador de la ordenanza que regulará la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El documento será analizado el próximo lunes por la Junta de Gobierno y posteriormente elevado al pleno municipal para su tramitación.
La medida se enmarca dentro de un programa integral financiado con fondos europeos Next Generation, dotado con 12 millones de euros, que incluye además la incorporación de guaguas eléctricas, la instalación de puntos de recarga y la mejora de infraestructuras urbanas vinculadas a la movilidad.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, subraya que este trámite supone el inicio de un proceso administrativo que aún deberá pasar por exposición pública antes de su aprobación definitiva. En este periodo, los ciudadanos podrán presentar alegaciones que serán valoradas para la redacción final del texto.
Uno de los aspectos destacados del borrador es su carácter progresivo. La normativa contempla un periodo de adaptación que incluye 18 meses para la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos y hasta 36 meses antes de la imposición de sanciones, lo que sitúa su aplicación efectiva en el año 2029.
Desde el área de Movilidad, la concejala Evelyn Alonso señala que el objetivo principal de la ordenanza es mejorar la salud pública mediante la reducción de emisiones contaminantes y del ruido derivado del tráfico, en línea con las políticas de sostenibilidad urbana.
La ZBE abarcaría el perímetro interior delimitado por el Barranco de Santos, Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga. Las restricciones se aplicarán de lunes a sábado, entre las 7:00 y las 20:00 horas.
En cuanto a la circulación, la normativa no afectaría a bicicletas, ciclomotores, vehículos de movilidad personal ni a aquellos con distintivos ambientales 0, ECO, C y B. Las limitaciones se centrarán en vehículos más antiguos: de gasolina matriculados antes de 2001 y diésel anteriores a 2006.
El borrador contempla, no obstante, un amplio sistema de excepciones. Entre ellas, destacan los vehículos de residentes, servicios esenciales, transporte público, taxis o personas con movilidad reducida, que podrán acceder mediante inscripción en el Registro Municipal.
Asimismo, se prevén autorizaciones específicas para colectivos vulnerables, como personas con bajos ingresos o cuidadores, así como para actividades económicas, profesionales y comerciales ubicadas dentro del perímetro. También se incluyen casos como acceso a centros educativos, sanitarios, talleres o garajes privados.
La futura ordenanza incorpora además supuestos especiales para servicios funerarios, distribución de medicamentos, vehículos históricos o de matrícula extranjera, con el objetivo de adaptar la regulación a la realidad social y económica del municipio.
Los antecedentes de la Zona de Bajas Emisiones en Santa Cruz: retrasos, trabas legales y presión normativa
La implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Santa Cruz de Tenerife no es un proceso reciente, sino el resultado de varios años de intentos, retrasos administrativos y obstáculos legales que han marcado su desarrollo.
El origen de esta medida se remonta a la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obligaba a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a implantar zonas de bajas emisiones antes de 2023. Sin embargo, como ha ocurrido en buena parte de Canarias, el cumplimiento de esta exigencia se ha ido demorando, en ocasiones con cierta oposición ciudadana.
Desde entonces, el Ayuntamiento capitalino ha ido dando pasos progresivos, aunque sin culminar la implantación efectiva. Uno de los primeros hitos fue el diseño de un área central restringida, basada en la ya existente “zona Urban”, que se planteaba ampliar hasta triplicar su superficie como núcleo de la futura ZBE.
Paralelamente, el Consistorio inició la redacción de una ordenanza de movilidad que serviría como base jurídica para regular aspectos como el tráfico, los estacionamientos y, de forma indirecta, la futura zona de bajas emisiones. Sin embargo, en esa ocasión sufrió un importante revés en 2025, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló dicha ordenanza al considerar que no se ajustaba a derecho.
Este fallo judicial obligó a replantear la estrategia normativa y retrasó nuevamente el proceso, al dejar sin cobertura legal parte del desarrollo previsto para la ZBE. A pesar de ello, el Ayuntamiento mantuvo su intención de continuar con la implantación mediante ordenanzas específicas.
A las dificultades jurídicas se sumaron también factores administrativos y técnicos. La normativa estatal exige que las ZBE cuenten con sistemas de control, delimitación clara, régimen de autorizaciones y evaluación continua, lo que ha obligado a los municipios a desarrollar ordenanzas complejas y adaptadas a múltiples variables.
En este contexto, Santa Cruz ha impulsado consultas públicas previas y procesos participativos con vecinos y sectores económicos, en un intento de adaptar la normativa a la realidad local y evitar conflictos sociales.
Además, el debate sobre la necesidad real de estas medidas en el archipiélago ha añadido un componente político. Hay voces de la sociedad que han cuestionado su eficacia en un territorio donde factores como los vientos alisios o la calima influyen de forma determinante en la calidad del aire, mientras que otras defienden su obligatoriedad legal y su papel en la transición ecológica.
La presión institucional también ha sido un elemento clave. El Gobierno central ha vinculado la recepción de fondos europeos y ayudas al transporte público al cumplimiento de esta normativa, lo que ha acelerado los plazos en los últimos años ante el riesgo de perder financiación.
A nivel regional, Canarias figura entre las comunidades más rezagadas en la implantación de estas zonas, con numerosos municipios aún en fase de tramitación pese a la obligación legal vigente desde 2023.
En este escenario, Santa Cruz ha tratado de posicionarse como uno de los municipios más avanzados del archipiélago en el desarrollo de la ZBE, aunque sin lograr hasta ahora su puesta en marcha definitiva.
Así, el actual borrador de ordenanza representa un nuevo intento de desbloquear un proyecto que acumula años de retrasos, ajustes normativos y controversia, en un proceso que refleja las dificultades de aplicar políticas de movilidad sostenible en contextos urbanos complejos y con fuerte dependencia del vehículo privado.
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