La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha expresado hoy en un comunicado el rechazo de la institución a la intención de que el buque MV Hondius sea trasladado a Tenerife, a Canarias.
COMUNICADO
Manifestamos nuestro rechazo absoluto y rotundo a la intención del Gobierno de España de trasladar a Tenerife la embarcación MV Hondius tras detectarse un brote infeccioso de hantavirus a bordo.
Queremos cerrar filas con el Gobierno de Canarias que está luchando para que esta embarcación no se dirija a Tenerife.
Tenerife no pueden convertirse, una vez más, en el territorio elegido para asumir crisis internacionales que otros países no quieren gestionar.
Resulta inadmisible que se pretenda poner en riesgo la seguridad sanitaria, la tranquilidad social y la capacidad asistencial de nuestra isla mediante decisiones tomadas sin consenso, sin información suficiente y sin respaldo de las instituciones canarias, adoptado unilateralmente por el Gobierno de España.
No aceptamos que Tenerife sea utilizada como plataforma de contingencia permanente por nuestra lejanía geográfica respecto a la Península o por criterios de conveniencia política.
La solidaridad no puede imponerse sacrificando la seguridad y la estabilidad de nuestra tierra.
Exigimos la paralización inmediata de cualquier operativo relacionado con la llegada de esta embarcación hasta que exista total transparencia sobre la gravedad del brote, las personas afectadas, los riesgos reales de contagio y las garantías sanitarias reales y efectivas.
Las declaraciones genéricas sobre “protocolos” y “control de la situación” no son suficientes cuando están en juego la salud pública y la confianza de toda una población.
Tenerife ya soporta una enorme presión sobre sus servicios públicos, especialmente en materia sanitaria. Pretender añadir una operación de estas características demuestra un profundo desconocimiento de la realidad del Archipiélago y una alarmante falta de respeto institucional hacia nuestra comunidad.
En el peor de los supuestos que el barco haga escala en Tenerife, se exigirá al Gobierno de España los recursos suficientes y con garantía para atender cualquier contingencia, de manera que no haya ningún tipo de alarma entorno a posibles afecciones en la población.
Advertimos con claridad que Tenerife no puede ni debe ser el destino automático para resolver emergencias internacionales que requieren instalaciones especializadas y decisiones responsables. Quienes toman esta decisión deberán asumir íntegramente las consecuencias políticas y sociales que pueda generar.
Desde el Cabildo de Tenerife pedimos prudencia ante la multitud de informaciones que se están publicando y trasladamos un mensaje de tranquilidad y cautela, al tiempo que mantendremos informados a la sociedad y agentes sociales y económicos en su conjunto del desarrollo que esta situación implica.
LA POLÉMICA
La reciente polémica en torno al llamado “barco del hantavirus” ha generado una fuerte tensión política y mediática en Canarias. La llegada de la embarcación, vinculada a un posible caso sanitario sensible, ha despertado preocupación entre la población y ha puesto en evidencia fallos en la gestión informativa.
Desde la oposición en el archipiélago se ha criticado con dureza la actuación de las autoridades, denunciando falta de transparencia y una reacción tardía ante un asunto que requería claridad inmediata. Los grupos políticos han insistido en que no se han ofrecido explicaciones suficientes sobre los protocolos activados ni sobre el riesgo real para la ciudadanía.
Uno de los puntos más controvertidos ha sido la aparente ausencia de comunicación fluida con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, lo que ha alimentado la percepción de descoordinación institucional en un momento especialmente delicado.
En este contexto, el episodio ha reabierto el debate sobre la gestión de crisis sanitarias y la necesidad de una comunicación clara, rápida y coordinada entre administraciones para evitar incertidumbre y desconfianza social.
CANARIAS EXIGE RESPONSABILIDAD
Canarias vuelve a situarse en el centro del debate cuando se habla de territorios especialmente sensibles, y no es casualidad. Su condición de destino turístico internacional convierte al archipiélago en un espacio donde cualquier incidencia —sanitaria, logística o institucional— adquiere una dimensión mayor.
Con millones de visitantes cada año, Canarias depende en gran medida de la confianza exterior. La estabilidad, la seguridad y la imagen no son solo valores deseables, sino elementos esenciales para su economía y su bienestar social.
En este contexto, cada situación de crisis exige no solo una respuesta institucional eficaz, sino también una exigencia activa por parte de la ciudadanía. La sociedad canaria tiene un papel clave: reclamar a gobiernos e instituciones respuestas claras, coordinación y actuaciones eficaces que resuelvan la situación con rapidez y rigor, siempre protegiendo los intereses del archipiélago.
La sensibilidad del territorio obliga a que esa exigencia se traduzca en responsabilidad colectiva. No se trata solo de reaccionar, sino de demandar una gestión a la altura de lo que Canarias representa, evitando improvisaciones y garantizando que cada decisión contribuya a la estabilidad y seguridad del conjunto.
Porque en un territorio donde la percepción es tan importante como la realidad, la presión social bien dirigida se convierte en una herramienta legítima para asegurar transparencia, eficacia y protección del futuro de Canarias.
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