CC de La Victoria alerta de que la subida del agua supera el 37% y denuncia pasos hacia la privatización del servicio

Coalición Canaria insiste en que una privatización podría suponer la pérdida de control público y nuevas subidas en el futuro.

Aumento de tarifas y protesta social portada

   Coalición Canaria en La Victoria ha criticado que el grupo de gobierno del PSOE continúa avanzando, a su juicio, en un proceso de externalización del servicio municipal de agua, pese a haberlo negado públicamente. La formación nacionalista señala que el Boletín Oficial de la Provincia ya recoge la aprobación definitiva en Pleno del estudio de viabilidad, un trámite que consideran determinante para abrir la puerta a una futura concesión privada.

El secretario general local de CC, Román Afonso, sostiene que “mientras desde la Alcaldía se intenta restar importancia al asunto, el procedimiento administrativo sigue adelante”. En su opinión, no se trata de una mejora del servicio, sino de “una externalización encubierta que puede convertir el agua en un negocio en lugar de garantizarla como un derecho básico”.

Los nacionalistas vinculan este proceso con la reciente subida del recibo del agua, que cifran en más de un 37% como mínimo y que, según afirman, en algunos hogares habría llegado incluso a duplicarse. Desde CC critican que el gobierno municipal minimizara inicialmente el impacto económico hablando de incrementos de “unos céntimos”.

Afonso también denuncia que, presuntamente, no se ha dado respuesta a las alegaciones presentadas por vecinos contrarios tanto al incremento tarifario como a la posible concesión del servicio. Sin embargo, apunta que sí se habrían tenido en cuenta recomendaciones de una empresa del sector que podría optar al contrato. “De confirmarse, sería preocupante que se ignore la voz de los vecinos y se atienda a intereses empresariales en un asunto tan sensible”, señala.

Coalición Canaria insiste en que una privatización podría suponer la pérdida de control público y nuevas subidas en el futuro. Por ello, reclama mayor transparencia, contestación formal a las alegaciones ciudadanas y la paralización de cualquier avance hacia la concesión, defendiendo que la gestión del agua debe garantizar la equidad y el acceso para todas las familias del municipio.

“El agua es un derecho, no un negocio, y seguiremos defendiendo esa posición”, concluye Afonso.

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