1 agosto, 2021

VOX Tenerife solicita al Gobierno de Canarias que se proteja a los canarios en materia de alquileres

El Consejo de Ministros ha aprobado el 31 de marzo (BOE del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo), medidas complementarias en el ámbito de los alquileres por un valor de 700 millones de euros. La finalidad supuestamente es para paliar los efectos del COVID-19. Estas medidas contemplan, entre otras:

  • La suspensión de los desahucios, durante el plazo de seis meses, tras el fin del Estado de Alarma.
  • Prórroga extraordinaria de seis meses, en los contratos de alquiler de vivienda habitual, para evitar subidas abusivas. 
  • Ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis, entre otras.

La fórmula engañosa, señalan desde VOX en Tenerife, consiste en afirmar o hacer creer que “si una persona no puede pagar una deuda debido a las secuelas económicas que le ha dejado el coronavirus, se lo comunicaría al Banco, quien en principio, le <<prestará>> el dinero para pagarla”.  En apariencia y en principio el resultado, no podría ser mejor para todas las partes: Pues “si el deudor no paga, lo hará el Estado y así, la persona o Entidad con la que haya contraído la deuda, la cobrará”. 

 Vox Provincia de Santa Cruz de Tenerife solicita, al Gobierno de Canarias, que informe de una manera real, clara y concisa sobre las medidas de ayuda al alquiler, pues: 

  • Para el caso de: parados, trabajadores inmersos en ERTE o reducción de jornada o autónomos con ingresos reducidos o inquilinos en general, que cumplan con los requisitos incluidos dentro de lo que llaman vulnerabilidad, el Estado, no va a pagar su deuda. La realidad es que tendrán que pedir un microcrédito que el Estado otorgará al tipo 0 de interés. Siempre a devolver en 6 años y ampliable a 10 en caso de dificultades. Es decir, no es el Estado quién paga la deuda, son las propias personas en situación de vulnerabilidad quienes lo hacen; ya que al final, tendrán que devolver íntegro el préstamo o las ayudas recibidas. Solicitándose desde Vox Provincia de Santa Cruz de Tenerife que el Gobierno de Canarias acuerde medidas efectivas y reales de ayuda para estos grupos de vulnerabilidad. Entre las que está la asunción del pago por parte del Estado y por ende, del Gobierno de Canarias, y durante tres meses o en tiempo que dure el confinamiento, del importe de las nóminas de todos los trabajadores; en el caso de los autónomos, pago de una cantidad equivalente al nivel medio de su facturación en los tres meses anteriores.
  • Para el caso de los propietarios arrendadores, también encontramos otra cruda realidad, igual o peor que la anterior. En la exposición de los motivos del Real Decreto se dice que uno de los motivos es “Diseñar medidas de equilibrio que impidan que, al resolver la situación de los arrendatarios, se traslade la vulnerabilidad a los pequeños propietarios”.  Sin embargo, dicha afirmación, dista mucho de la realidad, ya que se ha dejado un hueco legal muy peligroso dónde los arrendatarios pueden dejar de pagar la renta durante 6 meses, sin ninguna consecuencia, pudiéndose incluso alargar el proceso durante un año con las alegaciones, mientras el propietario se hunde económicamente al tener las manos atadas.   Solicitándose desde Vox Provincia de Santa Cruz de Tenerife, que se proteja a las pequeñas empresas y Pymes, abonando de acuerdo con las Medidas del Gobierno de Emergencia Nacional, la protección efectiva de las empresas o propietarios que están viendo mermados sus ingresos a causa del confinamiento. 
  • A los grandes propietarios arrendadores se les ofrece una doble alternativa, igualmente perjudicial: conceder una quita del 50% o aceptar un aplazamiento de tres años. Cualquiera de las dos tendría un coste inasumible para las compañías, abocándolas a graves problemas de liquidez, y en muchos casos a la insolvencia.

Según informa VOX, en 2019, en Canarias el 34,5% de las viviendas, estaban en régimen de alquiler, lo cual, supone el mayor porcentaje del país. La gran mayoría pertenecen a pequeños arrendadores y esas viviendas representan el refugio de los ahorros de muchas vidas de trabajo y esfuerzo: esos propietarios no suelen estar interesados en operaciones para elevar los precios, sino en obtener una renta segura que les ayude a subsistir o en garantizar la conservación de su patrimonio. Las medidas del Gobierno, afirman, claramente castigan, sin justificación alguna y de forma indirecta, a esos ahorradores privados, muchos de ellos pensionistas, y pone en riesgo el futuro del acceso a la vivienda de los españoles. El Gobierno deja la puerta abierta a los casos de morosidad. El propietario se queda desprotegido y desamparado por ley,  señalan desde VOX en Tenerife.

Por todo lo expuesto, desde VOX Provincia de Santa Cruz de Tenerife, denuncian el flagrante abandono de todos los ciudadanos con respecto a los alquileres, siendo la interpretación del RD 11/2020 confusa, así como de imposible cumplimiento, para gran parte de estos sectores vulnerables. Las Medidas aprobadas, aseguran, son totalmente ineficaces, no solucionan realmente ninguno de los problemas, solo complican aún más, la agonía que esos ciudadanos sufren diariamente para poder subsistir, poniendo en grave riesgo, el futuro económico y social de las Islas, máxime teniendo en cuenta que Canarias se nutre de arrendatarios y arrendadores. 

La Solución propuesta sería aprobar un Plan de Emergencia Económica Nacional ante la parálisis económica provocada por los efectos del COVID-19 que incluya: suspensión de las obligaciones tributarias de las empresas (IVA e IRPF y pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades); supresión de todos los impuestos que gravan al consumo de suministros de los hogares (agua, luz y gas) y del impuesto de sucesiones; suspender el pago de la parte del capital en la cuota de amortización de los préstamos hipotecarios y permitir el rescate de fondos de pensiones y planes de ahorro, sin penalizaciones fiscales; y suspender el devengo de cuotas de la seguridad social, tanto de los trabajadores por cuenta ajena como de los autónomos con carácter retroactivo y durante todo el plazo que dure el confinamiento de los españoles. Así como, la asunción del pago por parte del Estado y por ende, del Gobierno de Canarias, y durante tres meses o en tiempo que dure el confinamiento, del importe de las nóminas de todos los trabajadores; en el caso de los autónomos, pago de una cantidad equivalente al nivel medio de su facturación en los tres meses anteriores.

De esta manera entienden que se protegerán, desde la línea establecida por el Grupo de Vox Provincia de Santa Cruz de Tenerife, los sectores especialmente vulnerables, sin utilización de medidas irreales o ineficaces que esconden todas ellas, letra pequeña, y que las hacen inviables.

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